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La negociación paritaria en el sector de estaciones de servicio y garajes de Tucumán se encuentra paralizada en medio de un cruce de posiciones entre la patronal y el sindicato. La Cámara de Comerciantes de Derivados del Petróleo, Garages y Afines (CAPEGA) salió a aclarar públicamente que no es responsable del estancamiento, y apuntó directamente a una crisis interna del Sindicato Obrero de Estaciones de Servicio y Garages de Tucumán (SOESYGA) como la causa que impide avanzar en un acuerdo válido. Desde el gremio, en tanto, el secretario general Marcelo Medina anunció medidas de fuerza, denunció un 60% de informalidad en el sector y alertó que el atraso salarial afecta a cerca de 2.000 familias tucumanas.
La cámara empresarial salió al cruce de versiones que la señalaban como la parte que bloqueaba el diálogo. En su comunicado, la entidad que conduce Sebastián Vargiu (foto inferior) fue categórica: "Son falsos los trascendidos periodísticos que señalan que la institución se estaría negando a mantener reuniones con SOESYGA para acordar una nueva paritaria salarial".
Según CAPEGA, el verdadero obstáculo es de orden institucional: "La situación actual obedece a la existencia de una disputa interna en el seno de SOESYGA respecto de la legitimidad de sus autoridades, conflicto que enfrenta a dos sectores que se atribuyen la conducción del sindicato y que ha derivado en distintos procesos judiciales destinados a determinar la validez de la última elección de autoridades". La entidad aclaró además que permanece completamente al margen de esa disputa: "CAPEGA no participa ni interviene en dichos procesos judiciales, siendo completamente ajena a las controversias planteadas entre los distintos sectores sindicales".

A la disputa interna se sumó una medida de la federación nacional que profundizó la incertidumbre. De acuerdo con el comunicado, "con fecha 4 de mayo de 2026, la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garages, Playas de Estacionamiento, Lavaderos y Gomerías de la República Argentina (FOESGRA) dispuso la intervención de SOESYGA y la designación de un Delegado Normalizador, con el objetivo de encauzar el proceso institucional y convocar oportunamente a elecciones que permitan definir autoridades legítimas".
Ese escenario llevó a CAPEGA a sostener que no están dadas las condiciones mínimas para firmar nada: "Actualmente no existen condiciones de certeza jurídica para la celebración de acuerdos paritarios que posteriormente puedan ser homologados por la autoridad laboral competente".
Incrementos a cuenta, sin acuerdo formal
Pese a la parálisis negociadora, CAPEGA afirmó haber tomado medidas paliativas para los trabajadores. La entidad "ha recomendado a sus asociados otorgar incrementos salariales a cuenta de futuros acuerdos paritarios del 3% para abril de 2026 y del 2,64% para mayo de 2026, porcentajes que superan la inflación registrada durante dichos períodos", según indica el texto firmado por Vargiu.
La cámara dejó en claro que el diálogo no está descartado, sino condicionado: "CAPEGA ratifica su plena disposición al diálogo y a la negociación de mejoras salariales una vez que la situación institucional de SOESYGA quede regularizada y existan autoridades con legitimidad suficiente para suscribir acuerdos válidos que puedan ser homologados por el Ministerio de Capital Humano de la Nación y resulten obligatorios para todas las partes involucradas".
Mientras CAPEGA aguarda regularización institucional, desde el sindicato la lectura es muy distinta. El secretario general de SOESYGA, Marcelo Medina (foto inferior), resaltó la movilización realizada el miércoles ante lo que describió como el fracaso de las negociaciones. Según el dirigente, al asumir las nuevas autoridades en enero se encontraron con haberes congelados desde diciembre y con acuerdos de los últimos tres años que calificó de insuficientes frente a la inflación. "A mí me hubiese gustado mucho cerrarlo en diálogo tranquilamente, pero si del otro lado se ponen en negación, nosotros tenemos que seguir el siguiente paso que es la medida de fuerza", sostuvo Medina.

El dirigente también puso el foco en un problema estructural que agrava el cuadro: el 60% de los establecimientos del sector opera en la informalidad. De las 160 estaciones de servicio relevadas por el gremio, solo 60 cumplen con el convenio colectivo y la escala salarial, mientras que en el rubro garajes la situación es aún más crítica —apenas 40 de 218 locales están en regla. Medina vinculó esta situación con las recientes reformas laborales nacionales y alertó que "hay algunos pícaros que se agarran de eso" para incumplir sus obligaciones con el personal.
En materia salarial, la brecha respecto del costo de vida es el detonante concreto de la protesta. Un operario de playa percibe alrededor de $1.250.000 y uno de garaje cerca de $850.000, mientras que la canasta básica para no caer bajo la línea de pobreza ya supera $1.450.000. "Es tremendo lo que estamos pasando los trabajadores del sector", resumió Medina, quien advirtió que "el bolsillo del trabajador lo viene sufriendo" y que la recomposición se tornó impostergable para las 2.000 familias tucumanas que dependen de la actividad.